Una pieza fundamental de las democracias es la de hacer rendir cuentas a sus gobiernos de las decisiones públicas que tomen y es fundamental no regalar tampoco esa prerrogativa de la ciudadanía.

Entonces, surgen planteamientos sobre qué hacen las empresas en este contexto ¿Qué pasa adentro de las empresas para combatir la corrupción? ¿Se castiga a aquellos que cometen un acto de corrupción? ¿Qué se permite y qué no? ¿Más allá de la legislación nacional, qué reglamentos internos se tienen y aplican?

Si bien la consulta no fue un ejercicio representativo y la selección de los municipios participantes fue completamente arbitraria, vale la pena detenerse a reflexionar a la luz de estos resultados, ya que la decisión de los electores, más que responder a una ponderación de uno u otro proyecto, parece encontrarse vinculada a las dinámicas políticas producto de la exacerbada desigualdad que ha imperado en México.

El pasado 18 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Orgánica del PJF en materia de responsabilidades administrativas. Dicha reforma provocó cambios considerables en materia de responsabilidades para los servidores públicos que laboran en el PJF.

Uno de los principales problemas identificados desde la sociedad civil para la creación y mantenimiento de organizaciones es la falta de recursos. Mucho del debate sobre la probable influencia de ciertas agendas sobre otras proviene, necesariamente, del acceso a fondos que permitan la creación, operación y mantenimiento de programas.