No podemos quitar el dedo del renglón: nuestro sistema electoral está lejos de ser perfecto y el dinero ilegal es uno de los mayores cánceres que ha venido carcomiendo sus cimientos, sin importar el partido, la ubicación o el orden de gobierno. Sentarnos a creer que el problema va a desaparecer con buena voluntad y sin hacer cambios de fondo en las reglas del juego es una ilusión.

La sociedad civil necesita discutir su papel al interior de un ecosistema en el que se compite de manera desigual por recursos e influencia. Así mismo, la sociedad civil también necesita debatir su papel hacia exterior como actores políticos que promueven agendas particulares y que no pueden evadir la interacción con actores políticos y económicos.

Una pieza fundamental de las democracias es la de hacer rendir cuentas a sus gobiernos de las decisiones públicas que tomen y es fundamental no regalar tampoco esa prerrogativa de la ciudadanía.

Entonces, surgen planteamientos sobre qué hacen las empresas en este contexto ¿Qué pasa adentro de las empresas para combatir la corrupción? ¿Se castiga a aquellos que cometen un acto de corrupción? ¿Qué se permite y qué no? ¿Más allá de la legislación nacional, qué reglamentos internos se tienen y aplican?

Si bien la consulta no fue un ejercicio representativo y la selección de los municipios participantes fue completamente arbitraria, vale la pena detenerse a reflexionar a la luz de estos resultados, ya que la decisión de los electores, más que responder a una ponderación de uno u otro proyecto, parece encontrarse vinculada a las dinámicas políticas producto de la exacerbada desigualdad que ha imperado en México.