Al cumplirse un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con su equipo de trabajo tendrá que valorar si dejará pasar la impunidad que ha aflorado entre la tragedia o, por el contrario, castigará a los funcionarios, dueños de inmobiliarias y directores generales de obra, entre otros personajes, responsables de torcer los reglamentos de construcción.

La clase política quedó evidenciada en el Senado al tener que celebrarse dos votaciones para pronunciarse sobre el asunto de conceder o no la licencia senatorial: la primera que la negó, para luego llamar a una nueva votación para revertir la anterior y terminar por aprobar finalmente la polémica licencia.

Nuestra ingeniería institucional anticorrupción no prevé suficientes límites y contrapesos a quienes están en una posición de poder, lo que permite que abusen de ella para beneficio personal, sin que existan muchas probabilidades de ser castigados.

Desafortunadamente, y al igual que en muchas otras áreas, la corrupción ha eclipsado la regulación, colocando por delante a muchas empresas de la industria minera. Inevitablemente, dichas acciones han puesto en jaque la conservación de nuestros ecosistemas.

La política en materia migratoria es clara. El Instituto Nacional de Migración ejerció más de 281 veces los recursos que ejerció la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 2017. Para ejemplificar esta abismal diferencia presupuestal, el monto ejercido por el INM en la partida destinada a materiales y útiles de oficina, poco más de 23 millones de pesos, es superior a todo el presupuesto aprobado para la COMAR ese año.