No sólo la corrupción tiene amplias consecuencias negativas en el disfrute derechos humanos fundamentales; además, la acaban pagando mayores costos quienes menos tienen. Las consecuencias negativas individuales consisten en la restricción del acceso a un servicio público si no es por la vía de la corrupción, lo cual es discriminatorio.

En países en vías de desarrollo como México, las instituciones suelen ser ineficientes persiguiendo y castigando actos de corrupción por lo que, sin importar el nivel de paga, los funcionarios no enfrentan un riesgo real de cometerlos. Además, la corrupción a gran escala genera beneficios e incentivos mucho mayores que cualquier comparación con el ingreso que recibe un funcionario público.

Si evaluamos a través del tiempo a los países de América Latina, aquellos en los que se percibe menor nivel de corrupción reúnen seis características: alto nivel de transparencia de los agentes gubernamentales, instancias anticorrupción independientes del gobierno, baja carga regulatoria, alto nivel de confianza en los políticos, pocos trámites para hacer negocios y bajo nivel de desempleo.

Muchas empresas neoleonesas participan deliberadamente en actos de corrupción; 57.9 por ciento de las veces para agilizar trámites, 46.1 por ciento para evitar multas y el 10.1 por ciento para eludir licitaciones y ganar contratos gubernamentales.

Como ciudadanos nos corresponde señalar a las empresas que dañan a la sociedad y su entorno. Un ejemplo claro es lo que sucedió con Grupo México en Sonora, o lo que sucede con muchas otras empresas mineras en el país que no parecen contar con estándares éticos de responsabilidad social ni con el medio ambiente.