Desafortunadamente, y al igual que en muchas otras áreas, la corrupción ha eclipsado la regulación, colocando por delante a muchas empresas de la industria minera. Inevitablemente, dichas acciones han puesto en jaque la conservación de nuestros ecosistemas.

La política en materia migratoria es clara. El Instituto Nacional de Migración ejerció más de 281 veces los recursos que ejerció la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en 2017. Para ejemplificar esta abismal diferencia presupuestal, el monto ejercido por el INM en la partida destinada a materiales y útiles de oficina, poco más de 23 millones de pesos, es superior a todo el presupuesto aprobado para la COMAR ese año.

No sólo la corrupción tiene amplias consecuencias negativas en el disfrute derechos humanos fundamentales; además, la acaban pagando mayores costos quienes menos tienen. Las consecuencias negativas individuales consisten en la restricción del acceso a un servicio público si no es por la vía de la corrupción, lo cual es discriminatorio.

En países en vías de desarrollo como México, las instituciones suelen ser ineficientes persiguiendo y castigando actos de corrupción por lo que, sin importar el nivel de paga, los funcionarios no enfrentan un riesgo real de cometerlos. Además, la corrupción a gran escala genera beneficios e incentivos mucho mayores que cualquier comparación con el ingreso que recibe un funcionario público.

Si evaluamos a través del tiempo a los países de América Latina, aquellos en los que se percibe menor nivel de corrupción reúnen seis características: alto nivel de transparencia de los agentes gubernamentales, instancias anticorrupción independientes del gobierno, baja carga regulatoria, alto nivel de confianza en los políticos, pocos trámites para hacer negocios y bajo nivel de desempleo.