Acabar con la corrupción fue una de las promesas de campaña de López Obrador, pero los avances han sido acotados: las expectativas de que la corrupción pueda resolverse han bajado; en la materia, la evaluación ciudadana del gobierno ha caído. Sin embargo, esto no implica una derrota electoral en 2024: los votantes tienden a ser más tolerantes ante la presencia de corrupción y castigar menos que en rubros como la economía y la inseguridad.
“No mentir. No robar. Y no traicionar”. Esta fue la promesa de Andrés Manuel López Obrador tras haber recibido la mayoría de los votos en la elección presidencial de 2018. Durante su campaña, y en lo que lleva de su sexenio, ha insistido en que su gobierno acabará con la corrupción.
La importancia de esta promesa precede a su discurso. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-INEGI), la corrupción está entre los tres principales problemas que más preocupan a las y los mexicanos, ¡desde 2011! Lo anterior es un indicador de la importancia que el tema tiene para la población desde hace casi diez años (Abundis, 2018). La encuesta realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el periódico Reforma refleja la misma tendencia en 2019 y 2020: la corrupción es el segundo problema más importante, sólo superado por la inseguridad pública.
Ilustración: Víctor Solís
El éxito de la comunicación de AMLO generó optimismo entre la ciudadanía. Según la misma encuesta, en marzo de 2019, y a pocos meses de haber comenzado su sexenio, 52 % de las personas esperaba que la corrupción disminuyera en los próximos 12 meses, a pesar de que el 46 % percibía que ésta había aumentado durante el año previo. Ese mismo optimismo tuvo un efecto similar en la percepción retrospectiva y prospectiva de la economía: la casa encuestadora Parametría documentó que, durante los primeros 12 meses de este sexenio, la mayoría de las personas esperaba que la economía nacional mejoraría. Aunque la tendencia no ha virado del todo, el pesimismo comienza a ganar terreno.
El mismo comportamiento se observa en las mediciones de corrupción de MCCI-Reforma durante marzo de 2020: 31 % de las personas espera que la corrupción disminuirá –una caída de 20 puntos porcentuales respecto al año anterior. La mayoría (43 %) coincide en que este fenómeno aumentará. En resumen: el optimismo de inicios de la administración de AMLO se diluye; la gente considera que la corrupción ha aumentado, y tampoco espera que el problema mejore en el futuro inmediato.
Optimismo desgastado
Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, el presidente López Obrador mencionó 5,910 veces la palabra corrupción o sus derivaciones en sus apariciones públicas. Si bien posicionar el tema en medios permite influir en la opinión pública (Lawson y McCann, 2005), eventualmente se necesitan acciones y medidas que respalden el discurso. Las palabras atrapan la atención y la aprobación ciudadana; las acciones, las reafirman y mantienen.
La actual administración planteó, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, doce medidas para atender y acabar con la corrupción; hasta ahora sólo ha implementado acciones en seis de ellas, y sólo en una, volver la corrupción un delito grave,se ha cumplido con lo prometido –aunque sus efectos sean muy perniciosos, e incrementen la impunidad y el monto del costo de la corrupción.
Tabla 3.1. Medidas anticorrupción incluidas en Plan Nacional de Desarrollo1
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Medida |
Acciones implementadas |
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1. Combate total y frontal a prácticas corruptas2 |
Creación e instalación de diversas comisiones, comités y unidades cuyo objetivo es combatir la corrupción y la impunidad: Comisión de la Verdad (Ayotzinapa); Comité Anticorrupción del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para centros penitenciarios; Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Elaboración de diagnósticos y guías para la capacitación de funcionarios públicos en materia anticorrupción: nuevo Código de Ética de los servidores públicos (creación de 303 comités de ética y prevención de conflictos de interés); Guía para la elaboración y actualización del Código de Conducta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; Programa Anual de Trabajo 2019 con los 32 Órganos de Control Estatal. |
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2. Tipificar la corrupción como delito grave |
Aprobación de Ley de Extinción de Dominio, agosto de 2019. Reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, abril de 2019. |
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3. Prohibir las adjudicaciones directas |
No se encuentran acciones implementadas. |
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4. Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos |
Publicación de declaraciones patrimoniales del 100 % del gabinete ampliado, febrero de 2019. Funcionamiento de portal “Nómina transparente”, abril de 2019. |
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5. Eliminar el fuero de los altos funcionarios |
Propuesta de eliminación del fuero presidencial enviada al Congreso de la Unión. |
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6. Fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales |
Reactivación de la participación del gobierno federal en la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (AGA), enero de 2019. |
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7. Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones |
No se encuentran acciones implementadas. |
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8. Realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Proponer una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés |
No se encuentran acciones implementadas. |
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9. Centralizar las instancias de contraloría |
No se encuentran acciones implementadas. |
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10. Reforzar mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) |
Adopción y uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas en todo el proceso tributario han permitido facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Del 1 diciembre de 2018 al cierre de junio de 2019, se incorporaron poco más de 459 000 contribuyentes al esquema de comprobantes fiscales digitales por Internet. 25 de junio 2019: El SAT realizó un operativo nacional en el que revisó a 150 empresas que facturaron operaciones simuladas. 03 denoviembre de 2019: Avala Corte eliminación de la compensación universal. 10 de febrero de 2020: FGR recupera 2000 mdp. |
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11. Reorientar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) |
No se encuentran acciones implementadas. |
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12. Crear una unidad policial especializada en lavado de dinero |
No se encuentran acciones implementadas. |
Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y fuentes oficiales.
El público ha puesto mucha atención a la corrupción; en parte gracias al discurso presidencial, pero en mayor medida debido a la realidad nacional. Por tanto, también evaluará las acciones anticorrupción de este gobierno (McCann y Lawson, 2003). Por ello, el mayor pesimismo sobre el avance de la corrupción vendrá de quienes desaprueban la gestión de AMLO.
Al revisar la evaluación general del actual gobierno y la expectativa de corrupción, seis de cada diez personas que desaprueban la gestión de López Obrador esperan que la corrupción aumente; entre quienes desaprueban la labor anticorrupción de AMLO, esta proporción es aún mayor: siete de cada diez.
Facturas electorales por cobrar: la ausencia de acciones anticorrupción
Las y los electores evalúan el desempeño gubernamental; con base en ello, emiten su voto y refrendan o castigan a la administración en turno. Ese es el mecanismo más simple de rendición de cuentas que la democracia electoral garantiza (Manin et al., 1999). Sin embargo, no todos los temas de la agenda pública se premian o castigan por igual.
En materia económica hay una evaluación prospectiva. Es decir, no basta con que las personas se sientan insatisfechas con la labor del gobierno saliente para retirarle el voto a su partido, sino que el candidato por el cual voten debe ser percibido como una opción viable y segura para proteger la economía del país (Singer, 2009). Respecto a la violencia, las y los electores tienden a castigar al gobierno saliente; le asignan una responsabilidad directa (Ley, 2017), y poco se exige a los candidatos en ese rubro. Es sólo fuente de castigo electoral.
En el caso de la corrupción, la ciudadanía tiende a ser más tolerante si la economía muestra signos positivos; su presencia no parece ser un problema para el electorado, incluso si la expectativa es que aumente (Chang et al., 2010; Ferraz y Finan, 2008). Sin embargo, como ocurrió con el presidente Peña Nieto, existe evidencia de voto de castigo a la mala gestión anticorrupción del gobierno saliente; esta mala gestión sí puede costarle el apoyo y la elección al partido del presidente (Ramírez, 2019).
Debido a la corrupción percibida a finales del sexenio de Peña Nieto (MCCI-Reforma 2019), López Obrador logró posicionarse en 2018 como una alternativa viable para un cambio de paradigma. No obstante, su gestión no ha dado suficientes resultados en política anticorrupción como para mantener al electorado de su lado y puede perder una gran parte de su apoyo antes de las elecciones intermedias de 2021. Prueba de lo anterior es que, entre 2019 y 2020, la proporción de personas que refrendarían el encargo disminuyó en 20 puntos porcentuales. Es decir: el rechazo a que el presidente continúe en su cargo aumenta, sobre todo entre quienes en general desaprueban su desempeño (69 %), y en concreto su gestión anticorrupción (72 %).
Sin embargo, que haya más o menos corrupción no parece afectar las preferencias para que el presidente siga en su cargo: a pesar de que la mayoría coincide en que la corrupción ha aumentado, 46 % está de acuerdo con que el presidente permanezca. Incluso entre quienes esperan que la corrupción aumente, 44 % le otorgaría el voto de confianza a López Obrador. ¡Qué gran paradoja! ¡Les importa que el presidente haga una buena labor anticorrupción con independencia de los resultados del esfuerzo!
Corrupción y acciones anticorrupción: ¿está en juego la elección intermedia?
Atender un problema público sólo con discursos es absolutamente insuficiente. Aunque AMLO posicionó la corrupción en el centro de su agenda, ni él ni su gobierno han mostrado interés en implementar medidas institucionales que la resuelvan. Un posible efecto de ello es que, en la medida en la que no se perciban resultados de su estrategia anticorrupción, el electorado lo castigue en las urnas, pero no con suficiente determinación como para lograr derrotar a su partido en la elección intermedia.
Dada la evidencia, lo que está en juego es si la ciudadanía aprueba o no las medidas anticorrupción de AMLO, con sus posibles efectos electorales; no si espera que la corrupción disminuya —cada vez son menos los que esperan que suceda.
Katia Guzman
Integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI. Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Sofía Ramírez Aguilar
Investigadora, analista política y directora adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Bibliografía
Abundis, Francisco (14 de diciembre de 2018), “El Presidente y la corrupción”, Milenio.
Chang, Eric C.C., Golden, Miriam, y Hill, Seth (2010) “Legislative Malfeasance and Political Accountability”, World Politics 62(2): 177-220.
Lawson, Chappell y McCann, James A. (2005), “Television News, Mexico’s 2000 Elections and Media Effects in Emerging Democracies”, Cambridge University Press, British Journal of Political Science 35 (1):1-30.
Lenz, Gabriel (2012), “Follow the Leader? How Voters Respond to Politicians Policies and Performance”, University of Chicago Press, ch. 1.
Ley Gutierrez, Sandra (2014), “Citizens in Fear: Political Participation and Voting Behavior in the Midst of Violence”, Dissertation, Duke University.
Ley Gutierrez, Sandra (2017), “Electoral Accountability in the Midst of Criminal Violence: Evidence from Mexico”, Latin American Politics and Society, 59: 3-27.
Manin, Bernard, Przeworski, Adam, y Stokes, Susan (eds.) (1999), “Democracy, Accountability and Representation”, Cambridge, Cambridge University Press.
McCann, James A. y Chappell H. Lawson (2003), “An Electorate Adrift?: Public Opinion and the Quality of Democracy in Mexico”, Latin American Research Review 38 (3):60-81.
Oraculus (consultado el 15 de junio de 2020), “Aprobación presidencial”.
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación (12 de julio de 2019).
Ramírez Aguilar, Sofía (26 de junio de 2019), “La Corrupción Determinó la Elección de 2018”, Desarmar la Corrupción, MCCI-Nexos.
Ramírez Aguilar, Sofía y Toral, Manuel (31 de mayo de 2018), “¿Provocará Corrupción Voto AntiPri?”, Desarmar la Corrupción, MCCI-Nexos.
Singer, Matthew (enero de 2009), “Defendamos lo que hemos logrado: Economic Voting in the 2006 Mexican Presidential Election”, University of Connecticut, Política y gobierno, 15. 199-236.
1 Las celdas en rojo indican que no se encontraron acciones del gobierno u otros poderes públicos enfocadas a atender la medida según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; en amarillo se identificaron una o más acciones dirigidas a cumplir con la medida anunciada; en verde, significa que se ha cumplido con la medida.
2 Desvío de recursos, concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, extorsión a personas físicas o morales, tráfico de influencias, amiguismo, compadrazgo, exención de obligaciones y de trámites, aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.