Estamos en una de las últimas etapas del proceso electoral, a punto de cerrar los informes financieros que los candidatos están obligados a presentar —el poselectoral es el festín de abogados y fiscalistas, sobre todo en aquellas elecciones con un margen de diferencia estrecho—. Este es el momento preciso para que hablemos de dinero: del dinero público —que llega a los candidatos desde el INE—, y del dinero privado —que ellos mismos pueden aportar o pueden recibir de sus simpatizantes—.
Nuestro sistema actual de financiamiento y fiscalización electoral es producto de la reforma de 2014. El INE presta un puntual servicio a las dudas que existan sobre los reportes de gastos que puedan tener los candidatos, sus representantes y los partidos; cuenta con líneas telefónicas siempre disponibles, asesores que se reparten la tarea de atención por zonas geográficas y asesores en el área técnica del sistema que dan fe del funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). De haber identificado un problema que entorpeciera la captura de información, estos funcionarios pueden ampliar el plazo para reponer la falta del servicio, según lo estipula la ley.
Ilustración: Jonathan Rosas
El proceso electoral 2020-2021 tiene una numeralia que explica por qué se le llama “el más grande de la historia”:
• 4180 cargos de elección fiscalizables. Como novedad, y de manera opcional, incluyen a los candidatos por representación proporcional —nunca antes pudieron presentarse tantos informes individuales.
• 19 821 candidaturas, de las cuales sólo 355 corresponden a candidatos independientes.
A las 2:01:01 horas del 26 de mayo, el sistema ya tenía 318 440 operaciones capturadas. Los candidatos tienen la obligación de presentar diversos reportes, tanto de ingresos por su origen, como de gastos por su adecuado destino. También juega un papel importante —especialmente para el monitoreo— la agenda que se captura en el SIF, misma que, al ser pública, también sirve a la ciudadanía para su consideración y a los asesores de los contrincantes para planear estrategias.
Entre las herramientas con las que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) para verificar lo que los candidatos informan se encuentran:
1. La superación de los secretos bancario, fiscal y fiduciario. Esta información se solicita a todos y cada uno de los contendientes, siempre por escrito y de manera formal, e incluso de terceros que pudieran generar interés para la fiscalización.
2. Las visitas de verificación, tanto a casas de campaña como a eventos, donde los auditores constatan que lo informado sea lo mismo que sucede en la realidad.
3. El monitoreo de medios impresos, espectaculares y propaganda en la vía pública. Para estas actividades, el INE se hace de los servicios de distintas instituciones y plataformas como el Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (Simei).
Esta información se contrasta y complementa según los hallazgos del INE frente a lo que los candidatos informan en el SIF. Veamos, por ejemplo, un caso real: lo que ha reportado una candidata a una diputación federal por Mayoría Relativa o elección directa al día 26 de mayo. Este cargo funciona para este ejercicio porque aplica a todos los estados —la fiscalización es federal, no existen normas locales—. La candidata es Gina Gerardina Campuzano González, de la alianza Va por México, al distrito 04 del estado de Durango. La candidata informa en su agenda, para visitas de verificación del INE, 126 eventos de los cuales ha cancelado 11 y realizado 99.
El tope de gastos de campaña para este distrito es de 1 648 189.00 pesos. Al 26 de mayo, Campuzano González ha reportado 852 319.05 pesos de ingresos vía transferencias de recursos públicos y aportaciones de sus simpatizantes; por su parte, ha reportado 402 891.44 pesos de gastos.
Con el objetivo de dar transparencia al origen del dinero, la plataforma del INE nos permite saber, que en este caso, la primera aportante parece ser de su familia; la segunda persona, aunque aparece en ceros, hará en algún momento una aportación si ya está dada de alta en el SIF. Los nombres son relevantes si entendemos que una aportación económica es una apuesta al candidato y, a su vez, podría representar un compromiso de éste a futuro.
Según la gráfica, la candidata le está apostando más a la publicidad en la vía pública que al internet. Sus gastos operativos aumentarán, ya que incluyen la casa de campaña, su vehículo y, al menos, la gasolina; por ello, 35 768.85 pesos todavía es muy poco. Está pagando muy barata la producción de mensajes, o aún no termina de informar lo que hasta ahora hemos visto en televisión y escuchado en radio.
Para efectos de máxima publicidad, el INE hace público en su portal, entre otros muchos datos, las empresas con las que los candidatos tiene relación comercial y el monto de sus contratos.
Las empresas proveedoras se encuentran en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para brindar sus servicios a partidos y candidatos; los candidatos pueden capturar operaciones con el proveedor en el sistema mediante la clave de su registro. La relación que establece un candidato con sus proveedores nos da una referencia comercial de la conducta de quien contiende para ser legislador del país. En este caso, aparecen los nombres de dos empresarios reconocidos y los apellidos de un popular constructor.
El INE ofrece entre sus herramientas la posibilidad de contrastar la información financiera de los candidatos por un mismo o diferente cargo. En este caso, compararemos a los candidatos que aparentemente van más cercanos en las encuestas: la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Gerardina Campuzano González, frente al del candidato de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira.
Esta gráfica nos muestra los ingresos y egresos comparados entre los dos candidatos, conforme se hicieron los registros en la plataforma y no necesariamente en tiempo real. La norma marca que pueden ser registrados en tiempo real y hasta tres días después.
En los últimos días se ha detectado un suceso en el estado de Puebla: sus candidatos no están informando gastos. Hay quien relaciona este hecho con grupos de delincuencia organizada y habemos quienes pensamos que es más probable que tenga que ver con el gobierno del estado y su relación con la delegación estatal del INE, pero habrá que hacer un estudio serio para identificar los factores que influyeron.
Como lo muestra la imagen, de 2124 candidatos a presidencias municipales de Puebla, sólo 971 han dado de alta la ubicación y costo del uso de su casa de campaña, que es uno de los primeros gastos que debieron haber capturado. Respecto a las cuentas bancarias, sólo hay 1223 capturadas en el sistema; se han realizado 9784 operaciones entre 2124 contendientes, un promedio de 4.6 operaciones por candidato.
Estos informes cierran sus operaciones con fecha del 2 de junio y se abren nuevamente el día de la jornada electoral para informar los gastos propios del día de la elección. Luego transcurrirán quince días en los que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) los revisará y hará llegar a los candidatos sus observaciones, quienes tendrán siete días para contestar. En este periodo también se programa la confronta como garantía de audiencia, donde el candidato puede explicar de viva voz los detalles de lo que le fue observado. Luego viene el dictamen con el proyecto de resolución de la UTF, la aprobación del proyecto por la Comisión de fiscalización y, finalmente, su aprobación por parte del Consejo General del INE.
Seamos partícipes votando, pero también fiscalizando. En buena medida, la actividad de los candidatos está a la vista.
Claudia Patricia Adame Correa
Especialista desde hace 20 años en finanzas político-electorales y observadora electoral internacional.