Desarmar la corrupción

Rafael Castellanos señala que el tamaño y la complejidad de la elección judicial merecían un proceso legislativo mejor diseñado, que atendiera las preocupaciones de integrantes del poder judicial, personas expertas y activistas. Pero todo esto se ignoró para poder organizar la elección en menos de un año.

A pocos días de que se acaben los plazos establecidos en la ley, los órganos garantes de la transparencia, después de la reforma que puso fin al INAI, no han sido capaces de garantizar ni funcionarios ni adecuaciones normativas internas. Gabriel Espinoza explica los pormenores.

La baja integridad de los medios de comunicación debilita su capacidad para actuar como contrapesos del poder político y limita su credibilidad ante denuncias legítimas de corrupción.

El modelo actual no funciona porque nunca fue diseñado para responder a las necesidades reales del paciente. Se diseñó para el sistema mismo: para justificar plazas, oficinas, almacenes, discursos y hasta carreras políticas. Por eso, incluso si las compras se ejecutan a tiempo, los medicamentos siguen sin llegar a los pacientes.

Los primeros quince días de este ejercicio han dejado claro que el lenguaje electoral no se acomoda bien a la función judicial: discursos simplificados, lealtades partidistas apenas disimuladas, ausencia casi total de propuestas técnicas sobre la función judicial. La toga relevada por la consigna y el perfil técnico, por la retórica identitaria.