“La seguridad en Michoacán es una prioridad nacional que requiere del compromiso conjunto de todos los niveles de gobierno”, declaró el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al presentar los ejes del llamado Plan Michoacán, el pasado 9 de noviembre: seguridad e inteligencia, desarrollo económico y bienestar, infraestructura carretera y de agua, y programas sociales.
Con esta presentación, Michoacán vuelve a colocarse en el centro del tablero. Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que busca devolver estabilidad al Estado, golpeado durante años por la violencia.
La estrategia contempla cuatro ejes principales, siendo la seguridad la que acapara prácticamente toda la atención: se desplegarán 10,506 elementos federales y 1,781 de la Marina, además de unidades de inteligencia y tecnología de vigilancia para combatir delitos como la extorsión. Estas medidas serán primordiales por la información que vayan obteniendo, recordemos que esta área es fundamental para desarticular a los verdaderos involucrados, por lo cual, el despliegue en inteligencia no es menor. Surge entonces la primera pregunta: ¿será esto suficiente para contener la extorsión en un estado donde el crimen organizado ha operado por décadas?
Para responder es necesario dimensionar la importancia de Michoacán: es una entidad de peso agrocomercial internacional —primero en exportaciones agrícolas de aguacate, berries, limón, guayaba, mango, entre otros—, con un valor reportado de 111,333 millones de pesos durante 2024. Pero al mismo tiempo, se ha configurado como un territorio estratégico para el narcotráfico: combina factores geográficos y socioeconómicos que lo hacen clave para la producción, tránsito y control de drogas.
Desde hace más de cuatro décadas, Michoacán ha enfrentado un ciclo sin fin de violencia y, a pesar de los numerosos planes de seguridad aplicados desde las administraciones de Carlos Salinas de Gortari 1988 a 1994) hasta la de Enrique Peña Nieto (2012 a 2018), el combate a las células delictivas ha fracasado una y otra vez, ¿por qué? Por la penetración que han logrado en áreas de gobierno, lo que les permite operar en la impunidad y decidir incluso medidas de gobierno. No es un secreto la cooptación que han logrado de servidores públicos de alto rango, hasta el punto de establecer tarifas en actividades comerciales de uso diario. Esto ha provocado un resentimiento social que ha quedado demostrado en las últimas semanas.
La muerte de Carlos Manzo no puede verse como un acto aislado: su perfil —legislador por Morena que se distanció de su partido y compitió como independiente por Uruapan en 2024— y la brutalidad del crimen que le quitó la vida (siete disparos, perpetrado por un joven de 17 años vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, quien tras el homicidio fue detenido y ejecutado en el lugar) sugieren una hipótesis que van más allá de la venganza directa.
¿Fue un mensaje del crimen organizado para recuperar el control político local? Puede ser y esto nos demostraría el grado de empoderamiento del crimen organizado, quienes sienten tener impunidad total, pues poco les importa si se trata de un servidor público de alto, mediano o bajo nivel, las consecuencias nunca llegan y los límites que antes no se cruzaban, ya quedaron olvidados. No olvidemos que para haber logrado este homicidio, fue necesario penetrar la seguridad del presidente municipal, tarea que —de acuerdo con las cámaras— no fue nada difícil.
¿Fue un mensaje de sus opositores? Tambien puede ser. Esto ha tomado relevancia en los últimos días, en los que se han hecho virales los enfrentamientos verbales que Carlos Manzo sostuvo con diversos funcionarios, la forma de increparlos y la confrontación al calor de exigencias legítimas nos permite entender que no era un político con filtros y eso nunca ha sido popular. La actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, viuda de Carlos, lo expuso muy claro en su conferencia de prensa del 13 de noviembre, al recordar que Leonel Godoy (actual diputado federal), Raúl Morón (senador por Morena) e Ignacio Campos (exdiputado federal) fueron señalados constantemente por su esposo, pidiendo que se les investigue.
¿Qué podían ganar? El control territorial, un recurso vital para los intereses políticos que Carlos Manzo había interrumpido con su presencia. Su figura representaba un obstáculo para quienes buscan mantener la hegemonía política local mediante el miedo al amparo de pactos con el crimen organizado.
Esta hipótesis cobra aún más fuerza si se considera el efecto político que produjo su asesinato: por un lado, desató una crisis inmediata en Michoacán; por otro, generó un impacto nacional que alcanzó a la Secretaría de Seguridad federal. Un crimen de tal magnitud inevitablemente pone en duda la eficacia de la estrategia de seguridad impulsada por Omar García Harfuch, a quien muchos ya perfilan como candidato natural a la presidencia. Y si esa era también una intención detrás del atentado, el mensaje resulta doblemente perturbador. Pensar que el crimen buscó golpear al estado y debilitar a un presidenciable no sólo es verosímil, es profundamente macabro.
Sea cualquiera de las razones, el crimen organizado se encuentra involucrado pues fue el autor material. Los esfuerzos de inteligencia deben esclarecer los motivos y las razones, para determinar el grado de responsabilidad del crimen organizado y si existen otros actores involucrados. Su muerte se conecta con el fenómeno estructural que mantiene de rodillas al campo michoacano: la extorsión. Aquí, la lógica de la violencia se entrecruza con la del poder.
Quienes conocen la operación de la extorsión lo saben: el número de elementos de seguridad y las cámaras no bastan para revertir un fenómeno que se ha incrustado en el campo rural. En Michoacán, la cuota impuesta por los grupos delictivos no distingue tamaño de productor: todos pagan por sembrar, cosechar o vender. Desde hace más de una década, esa extorsión ha tejido un sistema económico criminal paralelo en el que la moneda de cambio es el miedo del productor y el contrato es la impunidad de los cárteles. Cada fruto exportado lleva implícito el costo de una amenaza.
No obstante, este delito, que debería enfrentarse desde la inteligencia financiera y la investigación ministerial, sigue siendo tratado con mera presencia policial. Por ello, las razones para el escepticismo son múltiples y todas están vinculadas a fallas estructurales del sistema de justicia y del modelo de seguridad pública en México:
Primero, la lógica del plan repite lo conocido: más fuerza, más vigilancia, mayor despliegue. Pero la extorsión agrícola no se combate solamente con patrullas o drones. Su origen está en la captura económica del territorio. Grupos delictivos controlan rutas, empaques, transportes, mercados y hasta precios. Cuando la delincuencia se convierte en intermediario comercial, la seguridad se esfuma.
Segundo, el sistema de justicia penal permanece débil. Aun cuando se detienen presuntos extorsionadores, los procesos suelen truncarse: falta de pruebas, temor de las víctimas o corrupción institucional. Los líderes criminales permanecen impunes. Sin sentencias firmes, decomisos o reparación del daño, la extorsión sigue siendo un negocio de bajo riesgo y alta ganancia.
Tercero, la vulnerabilidad estructural de los productores: la mayoría son agricultores pequeños o medianos, sin asociación, seguros agrícolas ni mecanismos de denuncia efectivos. En este contexto, el silencio se vuelve mecanismo de supervivencia. El nuevo plan incluye programas sociales, pero no ofrece una protección diferenciada para este sector económico víctima de extorsión, lo que debilita su capacidad de resistencia. Inyectar dinero a través de becas no resuelve nada, por el contrario, permite una comodidad peligrosa para los beneficiarios.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, Michoacán ha sido el laboratorio de las políticas de seguridad. Operativos, fuerzas conjuntas, fiscalías especiales… muchas medidas y pocos resultados. Los criminales evolucionaron, cambiaron de nombre, pero siguieron operando. Por ello, si este nuevo plan pretende realmente ser distinto, tiene la tarea de demostrarlo con hechos, no con discursos. Necesita dejar de lado la política del sexenio anterior.
Aunque el Plan Michoacán —junto con la recién promulgada Ley contra la Extorsión— se presenta como respuesta integral, no tendrá éxito sin voluntad institucional. Homologar penas y ampliar tipos penales será inútil si no se investiga y se presenta ante la justicia “a las verdaderas cabezas” de los grupos delictivos. Solo así se podrá erradicar y prevenir estas conductas. Sin eficacia institucional, todo será un esfuerzo superficial.
La participación ciudadana es esencial ante este panorama: mecanismos civiles de observación, denuncia anónima y supervisión social podrían ofrecer protección real al denunciante. En Michoacán, el miedo ha vencido la voluntad de denunciar. Si el Estado no asegura confidencialidad, refugio y apoyo jurídico, cualquier política acabará en donde están los planes anteriores. La seguridad debe reconstruirse desde la confianza ciudadana, no desde la imposición militar.
El desafío central es claro. El Plan Michoacán no puede convertirse en otra promesa más. Su eficacia no se medirá por conferencias de prensa ni por cifras de elementos desplegados, sino por hechos tangibles: menos cuotas, más denuncias, más sentencias y, sobre todo, más confianza de los productores agrícolas.
Michoacán ya no necesita otro operativo. Necesita justicia efectiva. Mientras los campesinos sigan pagando por trabajar sus tierras, la paz seguirá siendo un proyecto pendiente. Y aunque el gobierno federal habla de esperanza, la verdadera paz sólo llegará cuando el miedo deje de ser la moneda que sostiene la economía del campo.
Adrián Arellano Regino
Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, socio fundador del despacho Vega Mac Gregor Arellano, S.C., y profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM.
Sería bueno que el prófugo Silvano Aureoles diera la cara.