El martes 19 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la flamante Ley de Austeridad Republicana, el instrumento jurídico con el que se pretende dar forma definitiva al esquema de ahorros y reducción de gastos en el gobierno federal. Sin embargo, dentro de la misma publicación, casi como si estuviera escondido, se incluyó un párrafo con el que se modificó otra ley, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). De manera breve, lo que este cambio hace es otorgarle al presidente de la República una discrecionalidad sin precedentes para usar los recursos a su completa y entera voluntad.

El punto en cuestión se encuentra al final de la publicación, cuando se señala que se reforma el segundo párrafo del artículo 61 de la LFPRH, para que ahora diga esto:

Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas [de racionalidad del gasto] deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular.

Para tener claras las implicaciones de esta modificación, vale la pena ver qué decía previamente este mismo párrafo:

Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere.

En términos generales, destacan dos cambios: primero, antes los ahorros sólo podían quedarse dentro de la institución que los generaba y estos debían destinarse a los programas prioritarios, es decir, a los programas de mayor importancia declarados desde antes del inicio del año fiscal; mientras que, ahora, existe la posibilidad de llevarlos a cualquier programa presupuestario dentro de la misma institución.

Ilustración: Oldemar González

Segundo, se agrega una nueva facultad cuando se trata del Poder Ejecutivo Federal (es decir, de todas las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica, los órganos reguladores coordinados, los órganos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos) para que, cuando se trate de ahorros ahí, estos sean destinados a programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, a diferencia del texto previo, en el que los ahorros sólo podían destinarse a estos programas, aquí hay una nueva posibilidad adicional: que los recursos se destinen a donde, por decreto, decida el Titular del Poder Ejecutivo, o sea, a donde el presidente quiera llevarlos en su soberana voluntad, sin tener que preguntarle a nadie.

Cuando esta redacción fue conocida por los medios de comunicación, rápidamente se señaló que se trataba de una nueva “partida secreta”, pero esto es un error. La partida secreta era una bolsa de recursos etiquetada desde el presupuesto de egresos que el presidente podía usar a completa voluntad y sin tener que rendir cuentas a nadie. En este caso, no se trata de una bolsa oculta ni bien definida, sino, más bien, se trata de poner en las manos del presidente la cantidad de recursos que él quiera, al amparo de la Ley de Austeridad Republicana, para llevarlos a donde sea su voluntad. Y, en este sentido, probablemente estamos ante algo mucho peor que una partida secreta, porque la última vez que la “partida secreta” existió como tal, en 1994, ésta ascendía a 650 millones de pesos. Si hoy le creemos a la secretaria de la Función Pública, en lo que va de 2019 han tenido ahorros por 11,000 millones. Y esto sin considerar la aparente confusión del propio presidente, que cree que el subejercicio del gobierno (que hoy es de alrededor de  151,000 millones) también son ahorros.

Lo anterior vulnera cualquier teoría democrática de separación de poderes, en la que, se supone, es el Poder Legislativo el que decide a dónde y cuánto puede gastarse, mientras que el Ejecutivo debe ajustarse a estas cifras. Pero en México siempre nos ha gustado decir que como nosotros no hay dos, así que, desde la misma fundación del Estado contemporáneo, en nuestra Constitución de 1917, establecimos que los diputados sí eran los encargados de aprobar el presupuesto de cada año, como en la mayoría de países democráticos, pero también incluyeron que el Poder Ejecutivo podría crear partidas secretas y, más importante aún, podría redireccionar el gasto sin tener que preguntarles a los legisladores. Este esquema se ha mantenido desde ese momento y hasta la actualidad: el Presupuesto de Egresos de la Federación siempre ha sido un ejercicio de ficción democrática en el que, al final, la voluntad del Ejecutivo se impone por sobre la del Legislativo.

En este sentido, la modificación para darle este poder discrecional al presidente no implica arrebatarle nada a los diputados: ellos nunca han tenido el control real del gasto público. Lo que sí cambia es que, antes, las modificaciones del presupuesto pasaban al menos por diversos procedimientos dentro de la Secretaría de Hacienda en los que participaban múltiples funcionarios públicos que podrían haber detenido o modificado un cambio discrecional. Ahora, todo el poder decisional se concentra en un solo procedimiento: el decreto presidencial.

Una de las preocupaciones principales de los liberales canónicos, esos a los que Andrés Manuel López Obrador dice admirar y emular, eran los peligros generados por la concentración extrema de poder. En un sistema político en el que uno de los jugadores tiene una capacidad de acción significativamente superior, el salto a su tiranía es casi inmediato debido a que nadie puede oponérsele de manera efectiva. Por eso, la respuesta pasa por crear pesos y contrapesos capaces de resistir no sólo en el papel, sino que permitan limitar efectivamente a los demás integrantes del sistema. Pero esta administración parece querer vestirse con el manto liberal sólo para la fotografía; en los hechos, todas las acciones apuntan a concentrar la mayor cantidad de poder posible en el Poder Ejecutivo Federal y, en particular, a depositarlo en una sola persona.

Así, esta nueva facultad, que el presidente puede ejercer, desde ya, es un paso más (y uno muy importante) en el camino contrario a todo lo que una democracia debería de ser. Esta reforma, paradójicamente aprobada por los propios legisladores, es una declaración muy elocuente: “nosotros no queremos tener nada que decir en el uso de los recursos, no importa que la Constitución diga eso, nosotros gastaremos como usted mande, señor presidente”. 

 

Leonardo Núñez González
Integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Twitter: @leonugo.