La coalición electoral que llevó a López Obrador a la presidencia, Juntos Haremos Historia (JHH), formada por los partidos Morena, PT y PES, tiene la mayoría en ambas Cámaras del Congreso en esta LXIV legislatura: 308 de 500 diputaciones (61.6%) y 69 de 128 senadurías (53.9%).

En 1997, el PRI perdió la mayoría parlamentaria. Tres años después, en el 2000, transitamos a la democracia cuando la elección presidencial fue ganada por otro partido distinto al PRI. Desde entonces, ningún presidente ha tenido mayoría en el Congreso. Así, algunos piensan que la mayoría parlamentaria de Morena acabará con la división de poderes y revivirá al partido hegemónico.

Sin embargo, la predicción de esos analistas es incorrecta por diferentes razones. Morena no es un partido hegemónico porque i) la división de poderes no se destruye con que un partido tenga la mayoría;  ii) a diferencia del PRI de aquéllos años, Morena obtuvo el poder a través de elecciones democráticas y competitivas; iii) ahora tenemos instituciones y reglas electorales notoriamente más confiables; iv) hemos transitado de una división de poderes simulada a una división de poderes real, aunque imperfecta: contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación autónoma, partidos políticos más competitivos y menos verticales, así como legisladores independientes del presidente, y v) hemos dividido aún más al Estado: los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial) ahora coexisten con más de diez Órganos Constitucionales Autónomos (CNDH, INE, BANXICO, etc.). Lo anterior, por supuesto, con la reserva de que, si la coalición JHH obtiene el apoyo de unos cuantos legisladores de otros partidos, podría reformar nuestra Constitución, cambiando el escenario político actual; aún así, pienso que Morena no va a impulsar una regresión autoritaria.

Ahora, aunque Morena no sea un partido hegemónico, su mayoría legislativa implica diversos riesgos. JHH es un terremoto —o, en palabras menos pesimistas, un experimento— que pondrá a prueba, por primera vez, el edificio institucional que hemos construido en las últimas décadas frente a un gobierno de mayoría. Para comprender estos riesgos debemos analizar diferentes aspectos de la vida pública por separado. En realidad, no tenemos uno, sino diferentes arreglos institucionales. Unos tienen profundas estructuras de metal, mientras que otros son simples ladrillos apilados. Así, cada arreglo institucional resistirá de forma diferente al terremoto del primer gobierno con mayoría en nuestra historia democrática.

Para ilustrar lo anterior, pensemos en la enorme diferencia que existe entre nuestras instituciones en materia de seguridad pública y en materia electoral. Los últimos dos presidentes, aunque no tuvieron la mayoría en el Congreso, impulsaron políticas de seguridad nacional que involucraron el uso de las fuerzas armadas sin un contrapeso significativo desde el Congreso; en contraste, el arreglo institucional en materia electoral, con sus imperfecciones, ha mantenido las manos del presidente relativamente fuera de las votaciones. Así, las mayorías legislativas (o su ausencia) influyen de forma diferente en cada materia.

Ilustración: Estelí Meza

¿Cuál de nuestros arreglos institucionales tendrá un peor desempeño frente a una mayoría legislativa (en este caso, de Morena)? Uno de nuestros peores edificios es aquél que debe contener a la corrupción y a la impunidad. Por un lado, nuestro sistema no está bien diseñado para combatir estos problemas. Por el otro, no hemos invertido lo suficiente para hacerlo funcionar: en México sólo tenemos 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que en el resto del mundo hay 16 por cada 100,000, es decir, cuatro veces más; además, el presidente y el senado no han designado a todas sus autoridades responsables, como al Fiscal General de la República, entorpeciendo así la persecución de toda clase de delitos, ni a los Magistrados Anticorrupción, impidiendo que se sancionen los delitos de corrupción graves.

Nuestra ingeniería institucional anticorrupción no prevé suficientes límites y contrapesos a quienes están en una posición de poder, lo que permite que abusen de ella para beneficio personal, sin que existan muchas probabilidades de ser castigados. Este problema no se acabará por un decreto o por la buena voluntad del gobernante en turno. La única forma de controlar el egoísmo de millones de individuos es con una maquinaria anticorrupción ingeniada para reducir los incentivos perversos que permiten y alimentan estos abusos.

El temor de diferentes analistas sobre la mayoría legislativa del presidente electo reside en la posibilidad de que debilite los contrapesos institucionales, llevando a una eventual concentración de poder en la coalición del nuevo gobierno, es decir, en las personas que integran los partidos Morena, PES y PT. Para ilustrar estas posibilidades imaginemos tres escenarios hipotéticos:

Primero. La mayoría de JHH puede aprobar, por sí sola, el Presupuesto de Egresos de la Federación y aprobar la cuenta pública. Un escenario hipotético es que la coalición en el gobierno apueste por asignar más los recursos para su beneficio (ciertas entidades, ciertas poblaciones objetico, etc.) y negarlos para entidades gobernadas por otros partidos y que, después, sólo castigue políticamente a sus opositores (al votar la cuenta pública). En palabras de Manuel Bartlett, Senador de Morena,“ las fracciones legislativas […] se apoderan del recurso y lo distribuyen en la opacidad total, no sólo ante el exterior sino ante sus propios legisladores titulares de esos recursos, que aceptan ignorar el destino de sus recursos, por ‘conveniencia política”.1

Segundo. Morena y sus aliados podrían controlar la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que tiene una gran injerencia en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esto le permitirá presionar a la ASF para que no audite el gasto de sus aliados políticos y audite rigurosamente a sus opositores. La influencia de criterios políticos y la falta de autonomía de la Auditoría ha sido criticada por militantes de Morena, como John M. Ackerman y Jaime Cárdenas. Según este último, la fiscalización de la Cuenta Pública “debe ser instrumentada […] por órganos con autonomía constitucional por razones estrictamente técnicas, de objetividad, neutralidad e imparcialidad en la revisión. Si los órganos técnicos de revisión, como ahora sucede, están sujetos a intervenciones políticas, de partidos, poderes fácticos y de gobiernos, se pervierte la revisión”.2

Tercero. La mayoría de Morena podría descomponer aún más nuestro federalismo al abusar de su control sobre la Cámara de Diputados para chantajear a los gobiernos locales, al otorgar recursos federales a los gobernadores o presidentes municipales obedientes y recortar el presupuesto de los rebeldes.

Estos, insisto, sólo son escenarios hipotéticos, pero los riesgos de la mayoría legislativa de JJH en materia de corrupción están latentes. No obstante, esa mayoría también tiene la oportunidad de cambiar y mejorar los defectos de nuestras instituciones anticorrupción, al autolimitar su poder y dotar de plena autonomía a la ASF e, incluso, otorgarle la facultad de sancionar irregularidades, entre otras acciones. Estas reformas trascenderían al sexenio de AMLO y podrían reducir la corrupción en el largo plazo.

La mala noticia es que, por lo general, todos quieren controles en el gobierno… hasta que están en el gobierno. Por ello, no debemos aceptar una esperanza pasiva, sino que debemos vigilar y exigir al nuevo gobierno que aproveche su mayoría e implemente los cambios necesarios.

 

Miguel Alfonso Meza
Abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) que forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Twitter: @Miguelmezac


1 Ackerman, J. M. (2009). “Reprensar la estructura institucional para la rendición de cuentas del Estado Mexicano”. En J. M. Reyes, La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación (pág. 27). Distrito Federal: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2 Ibidem, pág. 26.