Este es el primero de varios textos para explorar y discutir las dimensiones del derecho fundamental a vivir en un ambiente libre de corrupción; las formas de construirlo en nuestro sistema jurídico actual; su relación con nuestras instituciones jurídicas vigentes; las formas de darle un contenido normativo y un acompañamiento institucional adecuado.

Cuando pensaba en su padre, pensaba en una mula. La vida del campo ataba a los hombres a ese destino. Al verlo arar el campo, su cuerpo recordaba el cansancio de la explotación. El sol quemando su piel y sus pensamientos; el calor exhalado por la tierra que asfixia a los hombres y a su libertad. Un día, entre un grupo de acarreados, escuchó eso de la soberanía: “Yo no me mando. Ustedes, el pueblo soberano, tienen el poder. Por eso vengo a cumplirles. Les vamos a entregar estos apoyos para que cuiden sus parcelas”. Se le hizo raro. Hasta donde sabía, los políticos se mandan y se sirven a sí mismos.

Ilustración: Estelí Meza

Murió después de vivir como mula. Se fue tranquilo, cubierto por la noche, en un silencio susurrado por la lluvia en la terracería. Lo sepultaron a los pocos días, sin mucha conmoción. Su fantasma apareció dos meses después, en un edificio de gobierno. Vino por los apoyos al campo. Ojalá así hubiera sido. En realidad, ningún gobierno lo ayudó en toda su vida. El dinero se lo quedó algún diputado local involucrado en un esquema de desvío de recursos que nunca llegaron a sus destinatarios. Mientras tanto, él pasó de un objeto de explotación a otro. Un caso parecido sucedió en San Luis Potosí.

La gente no pudo hacer nada. En México nadie tiene derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y no es una figura retórica: en nuestro sistema jurídico actual, el pueblo “soberano”, supuesto dueño del poder público, carece del derecho fundamental a que no se roben los recursos que son de todos.

La historia de nuestra soberanía trunca comenzó hace poco más de doscientos años. En un inicio, la gran revolución política del siglo XVIII se levantó en contra de la monarquía absoluta para darle poder al Tercer Estado,1 compuesto por campesinos y burgueses sin privilegios jurídicos ni económicos. Inspirada en los principios de esa revolución, la facción ganadora de la revolución mexicana estableció en el artículo 39 de nuestra Constitución de 1917, vigente hasta hoy en día: “[l]a soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

No fue sino hasta finales del siglo XX que comenzó a transformarse en realidad. Una compleja serie de acontecimientos económicos y movimientos políticos, además de diversas rupturas entre las élites y los equilibrios de poder de ese tiempo, dieron lugar a sucesivas reformas institucionales que permitieron la caída del partido hegemónico – el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –, para transitar hacia nuestra actual democracia imperfecta.

Sin embargo, la caída del partido hegemónico no significó el fin de los problemas de México. En el nuevo milenio, continuó la corrupción con los gobiernos del PAN y las diferentes alternancias a nivel local. La violencia comenzó escalar en 2006 en una pendiente que hasta hoy no deja de crecer y la pobreza y la desigualdad todavía mantienen a la mayoría de mexicanos en condiciones inaceptables.

En 2015, después de diversos escándalos de corrupción y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el expresidente Enrique Peña Nieto buscó una forma para legitimar a su gobierno. Así nació el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): como una concesión de un gobierno fallido ante la ciudadanía para aliviar la presión social2 –a pesar de que la concesión debería ser del pueblo a los gobernantes, y no al revés .

Hoy en día, el SNA todavía no termina de ser construido en su totalidad y, aún si terminara de ser construido pronto, tardaría años, quizás décadas, para dar resultados significativos. Sin detenernos mucho en los detalles, podemos decir que el SNA posiciona a diversos agentes a lo largo y ancho del gobierno, así como a cinco representantes de la sociedad civil organizada, para que conformen un sistema que combata a la corrupción desde diferentes flancos y con una estrategia unificada.

No obstante, entre otras insuficiencias, la reforma que creó al SNA omitió pagar una deuda histórica con el pueblo: reconocer la soberanía de las y los mexicanos sobre el ejercicio de sus recursos públicos y, por lo tanto, reconocer explícitamente nuestro derecho fundamental a combatir la corrupción.

Hoy en día, un ciudadano común que quiera combatir la corrupción se encontrará con un sinnúmero de barreras, no sólo políticas y fácticas, sino también jurídicas.

Supongamos que alguien se entera de un caso indignante de corrupción; decide hacer algo por su cuenta en lugar de esperar a que el gobierno actúe por iniciativa propia; se organiza, obtiene documentos que prueban el involucramiento de varios políticos y empresarios en una red de corrupción, y presenta una denuncia penal en su contra. Recibida su denuncia, las autoridades lo acompañarán a la calle y le cerrarán la puerta. “Nosotros nos encargamos. ¿Que quiere ver el expediente? No, es que no se puede. Usted no es el afectado. No le violaron ningún derecho”.

La anterior es sólo una de las mil formas en que la falta de un reconocimiento expreso del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción impide que un ciudadano pueda exigir el correcto ejercicio de los recursos públicos y vigilar a las autoridades en el desarrollo de sus obligaciones anticorrupción.

La exigencia de que el Constituyente Permanente –el órgano encargado de reformar nuestra Constitución– reconozca este derecho es de trascendental importancia por dos razones: i) reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción no sólo es posible y deseable, sino que además es necesario si pretendemos que el pueblo sea realmente el soberano del cual emana y para el cual se constituye el poder del Estado; de lo contrario, la soberanía popular seguirá siendo, en gran proporción, un simple discurso legitimador del Estado, una retórica constitucional, y no una realidad; y ii) a través de su reconocimiento, el combate a la corrupción se convierte en una labor que puede iniciar desde cualquier trinchera en la sociedad, multiplicando las posibilidades de que realmente se combata a la corrupción y reconociendo un derecho que deberíamos tener todas las personas.

Reconocer este derecho implica llevar a cabo una democratización necesaria de la lucha anticorrupción. Si consideramos que la corrupción es un mal sistemático que infecta a millones de individuos y un sinnúmero de relaciones sociales, entonces la mejor apuesta es que la cura venga de un sistema igual de amplio, en el que cualquier persona – y no sólo los órganos del Estado y los cinco representantes de las OSCs previstos en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción– pueda defender y exigir jurídicamente que se respete su derecho a la no corrupción. Así, se multiplican las probabilidades de que agentes “sanos” (no corruptos) impulsen los cambios necesarios desde las partes del sistema que se encuentran “limpias”. Frente a la pregunta acerca de quién vigilará a los gobernantes3 tal vez la mejor respuesta sea que serán los gobernados.

 

Miguel Alfonso Meza
Miembro del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) que forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Twitter: @MiguelAlfMeza.


1 Sieyes, E. (1989). ¿Qué es el tercer estado?. México: UNAM, Coordinación de Humanidades.

2 Esta es la percepción de diversos académicos y actores políticos que participaron en el proceso que llevó a la reforma en la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como Max Kaiser.

3 La locución original del poeta Juvenal reza “¿quién vigilará a los vigilantes?”.